Se propone que el pueblo mexicano sea titular de su soberanía y que además tal titularidad sea inalienable, es decir, jamás y por ningún motivo, cualquiera que sea su naturaleza, producirá que el pueblo mexicano pierda la potestad de autodeterminarse como comunidad jurídicopolítica.
Se trata de reconocer los derechos humanos en su concepción más amplia y prohibir conductas como la tortura, la pena de muerte, la trata de personas, la violencia sexual y reproductiva, las ejecuciones arbitrarias y la desaparición forzada.
Señala que las normas protectoras de las personas contenidas en los tratados internacionales tendrán jerarquía constitucional y prevalecerán sobre el derecho interno en la medida en que confieran una mayor protección a las personas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos; se busca realizar de manera plena los derechos humanos, no sólo los que establezca la Constitución, sino incluso los que se reconozcan y establezcan en los tratados internacionales signados por el Estado mexicano.