| Iniciativa que reforma el artículo 3o. de la ley del Banco de México |
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| Diputado Pedro Vázquez González | |
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| Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V, recorriendo la actual fracción V como fracción VI y así sucesivamente las demás del artículo 3 de la Ley del Banco de México para que éste cumpla la función de financiar al gobierno federal, bajo la siguiente Exposición de Motivos Con la llegada al poder del núcleo neoliberal en nuestro país se empezaron a desmantelar todas las instituciones públicas creadas al amparo del Estado de bienestar. El argumento central que utilizaron los neoliberales fue que era para superar la crisis que padecía la economía mexicana en los años ochenta del siglo pasado. Con estas acciones, dijeron, se podrían crecer a tasas altas y sostenidas, para así arribar al primer mundo. Una de las instituciones fundamentales que vio reducida su función en la economía nacional fue el Banco de México, al que se dotó de autonomía en agosto de 1993. Esa autonomía prohíbe financiar al gobierno federal a través de instrumentos monetarios que cumplen esa función para ser sustituidos por operaciones de mercado abierto que se traduce en el desarrollo del mercado de deuda pública. Asimismo, se liberalizaron los mercados financieros, permitiendo que los bancos privados fueran los que determinaran las tasas de interés, activas y pasivas y los plazos asociados a éstas. Es decir, se llegó a una liberalización extrema del sistema financiero para hacer que la gran empresa monopólica y oligopólica comandara la producción en todas las actividades económicas. También se eliminó el encaje legal en 1989, que fue sustituido por un coeficiente de liquidez de 30 por ciento, que duró hasta 1991, cuando fue eliminado, así como los cajones selectivos de crédito. En el fondo, lo que se buscaba era garantizar que el sistema de crédito estuviera al servicio de estos grandes grupos económico-financieros, toda vez que autonomía significa que los recursos monetarios de la sociedad ya no se usarán, ni total ni parcialmente, para financiar al gobierno federal, sino que se utilizarán íntegramente para promover la acumulación capitalista de estos grupos. Por esa razón, cuando se liberalizó nuestro sistema financiero, los bancos quedaron en la libertad de prestar a quien cumpliera con los requisitos que establecían para garantizar el reflujo del dinero. El papel que juega el crédito interno neto del Banco de México como poderoso instrumento de política monetaria quedó subordinado a la orientación de la política neoliberal, para que se fortaleciera el poder de compra externo del peso frente al dólar. La estrategia que se siguió fue muy simple y sencilla, con el argumento de que había que controlar la inflación se mantuvo durante años una política restrictiva del crédito interno neto del banco central. Es decir, no se permitió que se elevara la masa de monedas y billetes en circulación porque el objetivo fundamental era subordinar la demanda agregada de la economía mediante el control de la cantidad de esa masa monetaria. El resultado de esa orientación monetaria es que se contuvo el crecimiento de la economía mexicana, se empobreció a la población, desaparecieron cientos de miles de micro, pequeños y medianos negocios y el desempleo se volvió crónico y creciente a tal grado que, hoy, México es el único país de América Latina y el Caribe que ya no crece. Sin embargo, la contención de la inflación no era un fin en sí mismo. El fondo del problema era fortalecer el poder externo del peso frente al dólar, por esa razón en vísperas de la devaluación de diciembre de 1994 la sobrevaluación cambiaria había alcanzado 37 por ciento tomando como base 1990. Del año 2000 a la fecha se estima que la sobrevaluación cambiaria ha sido superior a 50 por ciento, lo que equivale a un tipo de cambio real de 21 pesos, frente a los 13.50 que es su cotización de mercado actual. Un peso fuerte ha permitido comprar dólares baratos. Por esa razón, los grandes grupos económico-financieros asentados en nuestro territorio tienen presencia en los cinco continentes, donde han adquirido activos empresariales. Entre las empresas que han comprado empresas en el extranjero para posicionarse en esos mercados está Cemex, que de un solo golpe pagó 14 mil 500 millones de dólares por la empresa cementera australiana Rinker. También están Vitro, Gruma, Banorte, Grupo Salinas, Televisa, Grupo México, Grupo Carso, Famsa, al grado tal que hasta algunos negocios de tacos lograron su expansión allende nuestras fronteras, como El Fogoncito, etcétera. Contar con dólares subsidiados fue la base de la expansión internacional de nuestros grandes monopolios y oligopolios, porque quienes ponen estos dólares son el gobierno federal con las exportaciones petroleras, las remesas de los migrantes, los ingresos por turismo y los recursos que provienen de créditos del extranjero y la inversión del exterior, son los que sirven de base para contar con esos dólares baratos. En contrapartida, dada la sobrevaluación cambiaria, las grandes empresas exportadoras no trajeron gran parte de sus dólares al mercado interno, porque eso significaba perder poder de compra, por lo que los depositaban en bancos extranjeros, cuyos depósitos estima el propio Banco de México en cerca de 100 mil millones de dólares actualmente. En este sentido, la autonomía del Banco de México ha servido en lo fundamental para que la orientación de la política monetaria fortalezca la paridad del peso frente al dólar, así como a garantizar que los recursos líquidos de la sociedad los administra la banca privada y los otorgue preferentemente a las grandes empresas privadas. Esta es la razón por la que gran parte de las empresas asentadas en nuestro país quedan excluidas del crédito privado. Por ello, tienen que recurrir al crédito de proveedores en una proporción de más de 70 por ciento en comparación al financiamiento total que utilizan, donde el crédito con la banca privada apenas representa dentro de ese total 16 por ciento. En síntesis, la autonomía del Banco de México fue una determinación política que en todo momento ha buscado privilegiar los intereses del grupo hegemónico que detenta el poder en nuestro país en detrimento de los sectores subordinados. Es decir, el papel de un banco autónomo es generar las condiciones generales de la acumulación capitalista para favorecer los privilegios privados por encima de los intereses globales de la sociedad. Por esa razón, pensamos que ha llegado la hora de promover la restauración de un Estado promotor del desarrollo integral de la economía y de la sociedad y eso pasa por romper con la autonomía del Banco de México para subordinarlo a los intereses de todos los mexicanos. Nuestra propuesta va en el sentido de modificar la Ley del Banco de México para que sea el instituto central el que determine el nivel de las tasas de interés, activas y pasivas y los plazos asociados a estas operaciones. Asimismo, determinar la cuantía de los depósitos que la banca múltiple debe mantener en él para que pueda financiar al gobierno federal, así como establecer la obligación a los bancos privados a otorgar el ciento por ciento de los créditos que administran para establecer cajones selectivos de financiamiento a las actividades productivas en una proporción de 10 por ciento y una tasa de interés de hasta 10 por ciento anual a los sectores manufacturero, agrícola, hipotecario, a las empresas cooperativas y a las micro, pequeñas y medianas empresas y la restante proporción deberá distribuirla a las demás actividades que considere prioritarias para el desarrollo nacional. También determinará las tasas aplicables a las operaciones de descuento de letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito a los plazos que señale. Naciones importantes de América Latina como Brasil aplica un encaje legal de 25 por ciento; Colombia de 11 por ciento para cuentas corrientes y de ahorro; Venezuela de 17 por ciento; Bolivia de 6 por ciento; Ecuador de 4 por ciento; República Dominicana de 20 por ciento; y, en el caso de Chile, se establece un encaje de 19 por ciento para los depósitos a la vista y de 3.6 por ciento para los depósitos a plazo; Guatemala de 10 por ciento; Paraguay de 15 por ciento; Perú de 6 por ciento en moneda nacional y de 30 por ciento en moneda extranjera. Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona una fracción V, recorriéndose la actual fracción V como fracción VI y así sucesivamente las demás del artículo 3 de la Ley del Banco de México Artículo 3. … I. … II. … III. … IV. … V. El Banco de México deberá financiar al gobierno federal mediante la instrumentación de un encaje legal de hasta 19 por ciento, que se conformará por la reserva obligatoria que la banca múltiple hará en esta institución. Asimismo, determinará las tasas activas y pasivas de interés y los plazos asociados a ellas, las comisiones, premios, descuentos u otros conceptos análogos. También determinará las tasas aplicables a las operaciones de descuento de letras de cambio, pagarés y demás títulos de crédito a los plazos que señale. Deberá establecer cajones selectivos de crédito en la proporción de 10 por ciento del crédito total de la banca múltiple, para el sector manufacturero, agrícola, hipotecario, cooperativo y las micro, pequeñas y medianas empresas para que se financien las actividades productivas a una tasa de interés de hasta 10 por ciento anual y la restante proporción deberá distribuirla a las demás actividades que considere prioritarias para el desarrollo nacional. VI. … VII. … Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2009. Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica) | |