Iniciativa que reforma el artículo 28 de la constitución política de los estados unidos mexicanos

 

 

Diputado Pedro Vázquez González

 

Los suscritos, diputados federales a la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo sexto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Banco de México retorne su función de financiar al gobierno federal, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme lo ilustra la historia financiera de las naciones, la creación de la banca central en el mundo no fue una instauración mecánica o un hecho dado, sino que fue producto del desarrollo del sistema financiero de los países. Por lo tanto, después de un largo proceso de operación local, regional y nacional de la banca privada, se creó la exigencia de dotar a este sistema de un banco central, que cumpliera el papel de homogeneizar y centralizar las operaciones de los bancos a nivel estatal y nacional.

También se crea, porque hace la función de prestamista de última instancia y garante del sistema financiero de una nación.

Una vez que el banco central toma este control, adquiere el derecho exclusivo de efectuar operaciones que en su inicio no estaban caracterizadas como hoy se tienen. De esta manera los incipientes banqueros privados que otorgaban créditos a personas conocidas ya fueran de carácter hipotecario, habilitación o avío, refaccionario, depósito y de emisión, pasan a ser regulados por un banco central que toma la función exclusiva de banco emisor y a efectuar operaciones bancarias del Estado.

Este proceso fue un fenómeno universal y México no fue ajeno a él, porque desde los años sesenta del siglo XIX se empezaron a crear los primeros bancos privados, con las características señaladas, que tuvieron presencia local. Hacia los años ochenta de ese siglo, se consolidó una banca regional y en 1897 se creó la primera Ley de Instituciones de Crédito en nuestro país.

Fue hasta 1917, que por mandato del Constituyente se aprueba constituir un banco único de emisión, que tendría su concreción en 1925, cuando se creó el Banco de México, cuya capital social era mixto, es decir, con participación mayoritaria del gobierno y una participación minoritaria de la iniciativa privada.

El papel del Banco de México se volvió crucial cuando la industrialización del país se aceleró en los años cuarenta del siglo pasado, porque se comenzó a proletarizar de forma masiva a la población campesina, así como a impulsar activamente la política de sustitución de importaciones, al tiempo que se promovió la expansión de la producción del campo.

El dinamismo de la industria y el desarrollo agropecuario durante los años cuarenta del siglo pasado obligaron al Banco de México a ampliar sus funciones crediticias y a elevar el porcentaje del encaje legal.

Además, la entrada masiva de capitales del exterior en el curso del período de la Segunda Guerra Mundial, alteraron las reservas internacionales del Banco de México y amenazando con impulsar un peligroso brote inflacionario que rompería con el cálculo económico y la relación cambiaria entre el peso y el dólar. El encaje legal, fue el instrumento de política monetaria que absorbió esos peligros, porque el coeficiente de encaje se elevó hasta el 50 por ciento de los depósitos para los bancos del Distrito Federal, y hasta el 45 por ciento para los bancos asentados en las entidades federativas.

Este encaje legal tenía varios propósitos, entre ellos, estaba el obligar a los bancos privados a establecer un depósito proporcional al monto de sus pasivos por depósitos de inmediato reembolso, así como financiar al gobierno federal para que promoviera el desarrollo económico, con los recursos provenientes del encaje legal.

A los factores que dinamizaban la industrialización del país desde los años cuarenta a los años ochenta, se adicionó el papel promotor del Banco de México. Esto hizo posible que nuestra economía tuviera las siguientes tasas de crecimiento anual. Entre 1941 y 1950 el PIB creció a 6 por ciento; entre 1951 y 1960 el crecimiento fue de 6.2 por ciento; entre 1961 y 1970 la economía mexicana creció al 7 por ciento y entre 1971 a 1980 lo hizo al 6.7 por ciento. Los datos son contundentes, tuvimos un crecimiento extraordinario en la historia económica de México.

Sin embargo, con la crisis económica de los años ochenta y la llegada al poder del núcleo impulsor del neoliberalismo, la política de promoción del desarrollo económico por parte del gobierno federal y del Banco de México fue desmantelada totalmente. Desde ese entonces, México se estancó y los ritmos de crecimiento fueron raquíticos.

Para sustentar nuestro dicho, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la economía de México creció 0.6 por ciento anual. Durante la década de los noventa, el crecimiento promedio del PIB fue de 3.5 por ciento y en lo va que del presente, el crecimiento ha sido de 1.4 por ciento. Es tal nuestro estancamiento, que somos el único país de América Latina que ya no crece.

Dotar de autonomía al Banco de México en 1993 fue una decisión económica y política pensada para el largo plazo. Esa determinación se basó en el predominio de los grandes monopolios y oligopolios en el entorno mexicano. Por esa razón, promover a estos grupos económicos y financieros se convirtió en la prioridad de la nueva elite gobernante; Para ello, se privatizaron las empresas públicas para ampliarles las esferas de negocios lucrativos.

La decisión política se sustentó en el hecho de que al comandar la acumulación capitalista en nuestro país, la oligarquía empresarial planteó una estrategia de desarrollo en la que el sistema financiero debía estar volcado al servicio de sus intereses. Es decir, el financiamiento a la acumulación tenía que estar enfocado a sus privilegios.

Esa fue la razón por la que propusieron dar autonomía al Banco de México, porque implicaba garantizar que los créditos serían para ellos y ya no para el Gobierno Federal, como lo era en el esquema del Estado de bienestar, cuando gobernó la burguesía nacionalista y estatista representada por el PRI.

Esta autonomía no era un propósito en sí mismo, sino que traía como fondo el fortalecimiento del poder de compra externo del peso frente al dólar, para que se abaratara la divisa verde yesos grupos pudieran continuar con su expansión en el mercado mundial, comprando empresas de otros países, utilizando el dispositivo cambiario como un mecanismo que subsidie esa penetración internacional.

Para lograr ese fortalecimiento del tipo de cambio, se valieron también del control de todas las variables monetarias y financieras, porque de lo que se trataba era conseguir ese propósito.

Las repercusiones globales de esa política económica están a la vista de todos. Escaso crecimiento económico, mayor pobreza extrema y creciente desempleo. En contrapartida, esa política ha generado un pequeño grupo de ricos más ricos y la exclusión de millones de mexicanos.

Al mismo tiempo, ha promovido un sistema financiero rapaz a su servicio, porque los bancos sólo prestan recursos a estos grandes monopolios y oligopolios.

Incluso, los mismos empresarios se quejan de que no hay equidad en la forma en que se otorgan los créditos y los dejan en estado de indefensión frente al resto de la competencia.

Asimismo, la autonomía del Banco de México fue otro factor de la profundización de la crisis económica actual, porque al impulsar la acumulación financiera y la especulación de esos grandes grupos con los instrumentos derivados, terminaron por ahogar a algunos de ellos y a la economía mexicana, ese fue el caso de Cemex, Comercial Mexicana y otras grandes empresas.

Esto es, utilizaron las reservas internacionales para promover la especulación cambiaria que realizaron estos grandes empresarios. A la fecha, se han utilizado para esos fines más de 30 mil millones de dólares, acerca de los que no se tiene información de quienes fueron los especuladores.

¿A quién beneficia la autonomía del banco central?

La evidencia empírica muestra que es a la oligarquía empresarial y financiera, así como a los funcionarios neoliberales de la alta burocracia.

La tendencia, mundial a la autonomía es un proceso capitalista vinculado al desarrollo de los grandes monopolios y oligopolios en los países capitalistas, que se corresponde a la coyuntura en la que esta oligarquía empresarial, tiene capacidad para gestionar directamente los destinos del Estado en todos los órdenes.

Su reversión sólo es posible con el arribo de una nueva fuerza social y política que oriente el desarrollo nacional sobre nuevas bases. Es decir, la autonomía de la banca central no es un destino manifiesto de las economías capitalistas, porque Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros países del mundo, así lo ilustran actualmente, después de haber vivido bajo el yugo neoliberal.

Está claro que la autonomía del dinero y del crédito no tienen que ser reguladas necesariamente por un banco central autónomo, porque esa lógica no se corresponde con los factores de autonomía de la moneda y su función crediticia, sino con una situación política específica de hegemonía de poder, es decir, quien determina la autonomía del banco central es la fracción de la burguesía nacional que hegemoniza el poder político en un momento específico, por así convenir a sus intereses, como es el caso actual.

Hacer política monetaria no requiere que haya autonomía de la banca central, porque se trata simplemente de administrar la orientación del crédito neto del banco central. Por lo tanto, lo que define la autonomía no es esa administración del crédito, sino la prohibición expresa de que el banco central financie al gobierno. Es un asunto de política-política y no sólo de política económica. Por lo tanto, no se necesitan funcionarios neoliberales, para administrar ese crédito interno neto.

También es una mentira que la estabilidad de precios se logra con la autonomía del banco central, porque el crecimiento de la productividad laboral o la baja de la misma, sí tiene que ver con el comportamiento de los precios y ninguna con la autonomía del banco central.

Por esas razones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tiene claro que para que nuestra economía vuelva a crecer, necesita desterrar del poder político al grupo neoliberal y convertir al Banco de México en un baluarte de nuestro desarrollo, como se hizo en el pasado. Incluso, países como Corea del Sur, China, India y otras naciones, que tienen un Estado con carácter promotor del desarrollo, tienen mejor desempeño económico que nuestro país.

En esas circunstancias, proponemos romper con la autonomía del Banco de México. Esta propuesta también es respaldada por un considerable número de empresarios mexicanos que se han manifestado, porque "regrese por disposición del gobierno federal, el llamado esquema del encaje legal, que de forma obligatoria los bancos comerciales destinen determinadas cantidades de recursos que captan del público a las actividades productivas para el financiamiento".

Esta queja, se puede ilustrar, mostrando los datos correspondientes al comportamiento del crédito que otorgan los bancos de primer piso a los productores, donde la mayoría de las empresas obtiene financiamiento por la vía de sus proveedores en 61 por ciento, mientras que por financiamiento de la banca comercial reciben el 16.5 por ciento.

Este encaje legal debe ser determinado por el Banco de México en función de los requerimientos financieros de la economía nacional y del papel del Estado como promotor del desarrollo y rector de la economía.

Romper con la autonomía del Banco de México significa el primer paso para acabar con la institucionalidad del modelo neoliberal.

México necesita un banco central que promueva todas las actividades productivas con créditos baratos, que estén a disposición de todos los productores, particularmente, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como a los productores ejidales, comunales y pequeños propietarios del campo.

Esta promoción debe abarcar también, la construcción de vivienda popular directamente realizada por el gobierno federal como se hizo en el pasado.

Está demostrado que para que un país crezca en términos cuantitativos y cualitativos, es indispensable que el banco central impulse una política crediticia blanda, que incluya tasas de interés bajas y plazos largos, que beneficie a todas las actividades económicas.

Compañeras y compañeros, legisladores: por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos. Mexicanos, así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que reforma el párrafo seis del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Banco de México retome su función de financiar al gobierno federal, para quedar como sigue:

Artículo 28. ...

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El Estado tendrá un banco central que dependerá del gobierno federal en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello, la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Para cumplir con esta función, el Banco de México deberá financiar al gobierno federal para que éste fomente el desarrollo económico del país.

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Transitorios

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, en un plazo no mayor a noventa días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del presente decreto, realizará las adecuaciones correspondientes a la ley Orgánica del Banco de México para que la reforma que aquí se contiene, se aplique.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2009.

Diputado Pedro Vázquez González (rúbrica)