Urge Benjamín Robles a México brinde inmediatamente protección a Dreamers

*Iniciativa preferente en educación ad hoc al contexto social

* Pide al gobierno mexicano actué ante deportaciones de dreamers

Febrero de 2017

Categoría: Nacional



Tras la arbitraria e injustificable detención del primer “dreamer” mexicano Daniel Ramírez Medina, por parte de oficiales de Migración de la ciudad de Seattle en Washington, el senador Benjamín Robles urgió al gobierno mexicano salvaguardar la integridad de estos jóvenes y garantizarles la continuación de sus estudios en caso de ser deportados.

Por ello al participar en el análisis de la Iniciativa Preferente en materia de Educación, presentada por el Ejecutivo Federal para incorporar a los migrantes que regresan al país al sistema educativo nacional, planteó la necesidad de retroalimentar y modificar el dictamen. El caso del soñador detenido pese a estar protegido por el programa de Acción Diferida o DACA que le autoriza residir, estudiar y trabajar en ese país; precisó, debe ser motivo para trabajar con prontitud en el tema legislativo a fin de prevenir más injusticias como estas que violan los derechos humanos de los connacionales.

En este sentido, durante las audiencias públicas con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño, secretarios de Educación estatales y organizaciones de la sociedad civil, Robles Montoya les externó el miedo que tienen muchos mexicanos de ser deportados por el gobierno de Trump y no poder garantizarles a sus hijos e hijas una educación de calidad.

Ante esta situación, Benjamín Robles precisó en las mesas de trabajo: “Nos estamos preparando para recibir a nuestros paisanos que por diversas razones viven, trabajan allá en Estados Unidos, también debemos prepararnos para defender sus derechos civiles y humanos porque en su enorme mayoría quieren estar viviendo, trabajando y estudiando allá en la Unión Americana.

Sí hay que prepararnos ante la contingencia de una deportación masiva, pero en lo que más obligado estamos es en defender sus derechos allá. Se ve muy bien en que hoy estemos discutiendo una iniciativa preferente que es muy importante para responderle a los dreamers pero también a muchos padres de familia”.

Robles Montoya basó su planteamiento en testimonios de madres y padres de familia de “dreamers”, que han luchado para acceder al sistema educativo estadounidense y que de regresar a México lo perderían todo, los cuales recogió en su reciente visita a Phoenix, Arizona.

“Tienen miedo de regresar y enfrentar toda la burocracia, me dijo un paisano de Ocotlán, allá en Phoenix: qué voy hacer porque tengo tres hijos, aquí en la escuela me han dado todas las facilidades, les dan de comer, faltan un día y la maestra luego habla, cosa que no sucede en México”, soltó.

Al escuchar las exposiciones de los secretarios, Robles Montoya reconoció la presencia y labor de las autoridades locales en materia educativa, pero enfatizó que aún no es suficiente lo que se está haciendo para resolver la situación.

“Hoy lo que nos ocupa es una iniciativa preferente para ver qué vamos hacer si regresan muchas familias, cuántos niños estarían regresando y si estamos en condiciones”, cuestionó. La iniciativa preferente es para modificar la fracción III del artículo 14 de la Ley General de Educación, el segundo párrafo del artículo 60, el primer párrafo de los artículos 61 y 62; adicionar una fracción XI Bis al artículo 33, y un quinto párrafo al artículo 63 de dicha ley.

El artículo 14 autoriza que las instituciones particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial de estudios, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios de licenciatura.

Mientras que la fracción XI establece que no impedirán que la falta de documentos de identidad o académicos de niñas, niños y adolescentes sea un obstáculo para acceder al sistema educativo nacional. A efecto de lo anterior, se les deberá facilitar opciones para obtener la documentación que permita su integración o tránsito por el sistema educativo nacional.

Se presentó el 01 de febrero, tendrá que ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara de Senadores en un plazo de 30 días naturales, para después ser aprobada por la Cámara de Diputados.